La generación de capacidades de las personas migrantes en Panamá como país de acogida a partir de la garantía del derecho al trabajo. Un estudio de caso sobre la política migratoria de Panamá (2008-2023)

Resumen

Millones de personas migran en búsqueda de nuevas oportunidades y protección dejando atrás conflictos armados, violencia e inseguridad, condiciones socioeconómicas precarias y situaciones de discriminación. Su condición de migrante en los países de tránsito y de destino en ocasiones se ve vulnerada y sus derechos son violados. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos constituye un marco de protección para todas las personas, sin discriminación alguna, y donde sea que se encuentren. En ese sentido, ha establecido una serie de obligaciones para proteger, garantizar los derechos humanos y prevenir su vulneración, incluidos los derechos de las personas migrantes1. Estos elementos de carácter universal tienen como base la dignidad y la inherencia de los derechos a los seres humanos. Esto se articula también con elementos intrínsecos y multidimensionales del ser humano que tienen que ver con su plena realización y aspiraciones que abarca ampliamente las ciencias sociales y el Desarrollo Humano que, en el contexto de movilidad humana, combina un análisis integral a partir de la titularidad de derechos y las obligaciones de los Estados para garantizar los mismos, así como el desarrollo de las capacidades de las personas migrantes favoreciendo su integración social. La regularización, y la garantía del derecho al trabajo, se configuran en las vías para garantizar otros derechos humanos y avanzar hacia la reintegración de las personas migrantes. La conjugación de estos elementos, en un contexto específico como es el caso de Panamá, permite el análisis de la política migratoria de este país, bajo el enfoque del Desarrollo Humano, identificando los obstáculos que se presentan a las personas migrantes para acceder a sus derechos.